Muchos negocios optan por instalar cámaras de videovigilancia para intentar mejorar las medidas de seguridad en sus locales. Sin embargo, no es esta una actividad que dependa de manera exclusiva del poder de dirección del empresario. La Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos viene a poner orden a este ámbito, pues no son pocos los derechos que se pueden ver afectados por la instalación de una cámara de videovigilancia.
Una prohibición importante es las cámaras de videovigilancia no podrán grabar la vía pública. Se podrá grabar el interior del local, pero apuntar con las cámaras hacia el exterior del mismo no se encuentra permitido por el ordenamiento jurídico. El juicio entre la vigilancia que se pretende llevar a cabo y el derecho a la intimidad tiene un claro ganador, que no es otro que el respeto a los viandantes.
Podríamos afirmar, por tanto, que la legitimación para el uso de instalaciones de videovigilancia se refiere únicamente a locales privados. La grabación de la vía pública queda reservada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pues a ellos les corresponde la actividad relativa a la prevención de delitos y la garantía de la seguridad en las vías públicas.
La seguridad perseguida por las cámaras de un local se refiere únicamente al propio negocio, mientras que las videocámaras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pretenden la seguridad de la ciudadanía en su conjunto, por lo que es perfectamente entendible la distinción que realiza la ley en este sentido.
Sin embargo, es esta una época especialmente complicada. La llegada del buen tiempo hace que la hostelería sobrepase los límites de sus propios locales, instalándose en estos meses de verano en el exterior. Las terrazas de los distintos bares, restaurantes o locales de copas pueden llegar a suponer un grave problema en cuanto a la normativa de protección de datos, pues las mismas se encuentran en la vía pública.
No hay problema en poner terrazas si se han obtenido las correspondientes licencias administrativas para ello. El problema surge al querer grabar las propias terrazas. La línea que separa lo que es la vía pública de lo que puede considerarse como negocio es realmente delgada. Tan delgada que la instalación de una terraza en esta época de verano conllevará, en la mayoría de los casos, la violación de la normativa de protección de datos por el hecho de estarse gravando la vía pública.
Son pocos los casos en que un negocio podrá llevar a cabo, por tanto, la instalación de cámaras que graben la vía pública, aun a pesar de que el propio negocio se traslade a la calle con la llegada del verano. No conviene, por tanto, tomarse este tipo de actuaciones a la ligera, pues las sanciones que conllevan son realmente graves.
En este sentido, el asesoramiento en esta materia debería ser esencial para no asumir riesgos innecesarios y tener que acabar lidiando con problemas que podrían no haber existido nunca. El asesoramiento especializado y de calidad que puede otorgar una franquicia como Audidat en esta materia, por tanto, supone desarrollar la actividad propia de los distintos negocios de manera segura, para que el verano no acabe suponiendo un quebradero de cabeza.