Tal y como ha confirmado la Asociación Española de Franquiciadores, el sistema de franquicia seguirá rigiéndose por la normativa actual.

Desde que la Asociación Española de Franquiciadores (AEF) tuvo conocimiento de la existencia de este Proyecto de Ley se opuso rotundamente a su posible aprobación, “debido a las consecuencias negativas que tendría para el conjunto de la franquicia”, explican las fuentes de la Asociación. Según sus portavoces, las reuniones mantenidas con distintos representantes ministeriales han dado sus frutos y, definitivamente, el Gobierno ha decidido la no tramitación de la Ley de Contratos de Distribución.

La AEF no ha cejado en su empeño por conseguir que el Proyecto de Ley de Contratos de Distribución no viese la luz, y desde que fuese aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de junio del año pasado -y solo faltase el visto bueno por parte del Congreso de los Diputados para que entrase en vigor-, la AEF ha actuado y trabajado activamente para evitarlo.

Tras la reciente reunión mantenida con el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, en la que la AEF le transmitió las razones de su oposición rotunda a este Proyecto de Ley, "podemos confirmar que el Gobierno ha decidido que no se tramite el Proyecto de Ley de Contratos de Distribución, por lo que la franquicia seguirá rigiéndose por la normativa actual", asegura Xavier Vallhonrat, Presidente de la AEF.

A la hora de valorar esta decisión gubernamental, el Presidente de la Asociación considera que "se trata de una excelente noticia para todos los que integramos el sistema de franquicia de la cual hemos de congratularnos porque, de haberse llevado adelante el Proyecto de Ley, se hubiese puesto en jaque el buen funcionamiento de esta fórmula de negocio".

Antes de que se tomara la decisión de no tramitar el Proyecto de Ley de Contratos de Distribución, la AEF había presentado alegaciones ante el anterior Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para evitar su entrada en vigor, además de presentar también una enmienda en el Congreso de los Diputados, con el fin de excluir a los contratos de franquicia del ámbito de aplicación de la citada Ley.